Aprueba Congreso establecer el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral

Chilpancingo, Gro., 18 de julio de 2021.- Diputadas y diputados de la LXII Legislatura aprobaron un dictamen de adición a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado para establecer el derecho de las y los trabajadores a la desconexión digital, con el fin de que les sean garantizados sus derechos al descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, cuando se está fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, la diputada Yoloczin Domínguez Serna refirió que con dicha iniciativa se pretende modernizar la legislación laboral local con un principio que internacionalmente se ha ido reconociendo de a poco como un derecho intrínseco del trabajador moderno.

La legisladora señaló que la desconexión digital como derecho se ha mantenido como un precepto nuevo y latente en el mundo a causa de la pandemia, ya que los trabajadores se han visto obligados a laborar desde sus hogares, y al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información, inevitablemente el trabajo invade sus hogares, su tiempo de descanso y su privacidad.

También refiere que el pasado 29 de abril el Senado de la República aprobó la adición del artículo 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo, el cual contiene el derecho a la desconexión; sin embargo, el proceso legislativo no ha concluido porque la minuta recién se turnó a la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, Domínguez Serna considera que el primer paso hacia el reconocimiento de este derecho ya se ha dado en nuestro país, y “como un Congreso innovador, se deben seguir los pasos del Senado de la República, adecuando la normatividad a la realidad social en que vivimos”.

Plantean que INE e IEPC informen sobre

las acciones en favor del voto ‘migrante’

Chilpancingo, Gro., a 16 de julio del 2021.- El diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una propuesta de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para que emitan un informe pormenorizado sobre el registro o padrón de electores radicados en el extranjero, así como la estrategia y acciones implementadas en el proceso electoral 2020-2021 y las posibles causas de su escasa participación en las elecciones de gobernador.

El diputado presidente de la Comisión de Atención a Migrantes precisó que el proceso electoral 2020-2021 dio inicio el pasado 7 de septiembre, siendo el más grande y complejo de la historia, en la que cerca de 95 millones de mexicanos fueron llamados a votar, y según datos otorgados por el INE, en estas elecciones están se contó con cinco millones de personas más que en 2018.

Indicó que además de registrarse un mayor número de electores, también fue un hecho histórico porque por primera vez se dio la posibilidad de que los mexicanos que residen en el extranjero pudieran votar para las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; además de una diputación migrante para la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional para el estado de Jalisco.

Agregó que para garantizar su participación, a partir del 26 de agosto del 2020 el INE aprobó las modalidades de voto postal y electrónico por internet, para que las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer su derecho al sufragio en los procesos electorales locales 2020-2021.

El diputado de Morena resaltó que con dicho proceso se buscó maximizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía mexicana que vive en el extranjero; a su vez, las instancias encargadas pudieron demostrar si estaban preparados para un acontecimiento tan importante y garantizar la secrecía, que no ha lugar a ningún tipo de contratiempo en el proceso de secrecía para garantizar un acto democrático.

Sin embargo, externó que hasta el momento se desconoce a ciencia cierta si se tuvo algún esfuerzo real para hacer del conocimiento general la modalidad que fue implementada en el proceso electoral 2020-202, por lo que resulta importante emitir un llamado a las instancias responsables para que en dicho informe se integre la información respecto a la estrategia de difusión implementada es sus páginas oficiales, en sus redes sociales, spots de radio y televisión, además de lo difundido en periódicos de circulación nacional, y demás acciones implementadas.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Atención a Migrantes del Congreso para su trámite conducente.

Aprueban reforma que impide que funcionarios de

alto nivel contraten seguros con cargo al erario

Chilpancingo, Gro., a 14 de julio del 2021.– El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado para especificar que no se autorizará a ningún servidor público contratar, con cargo al erario, seguros privados de separación individualizada o colectiva, gastos médicos o de vida, excepto aquellos casos que estén previamente establecidos como derechos adquiridos en contratos colectivos de trabajo.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo y fundamentada por su integrante, la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, se señala que el 1 de enero de 2019 entró en vigor la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que entre otras cosas establece que no se autorizará a ningún servidor público la contratación con cargo al erario de seguros privados de separación individualizada o colectiva, gastos médicos o de vida.

Sin embargo, precisa que aunque la Ley fue una justificación de la racionalidad en el gasto de los servicios personales de los funcionarios públicos y que no afectaría a la base trabajadora, hoy a pocos meses de su creación se demuestra la insensibilidad al privar de ciertas prestaciones que son derechos previamente adquiridos de la clase trabajadora.

Refirió la diputada que “esta disposición se propuso y aprobó sin que tomáramos en cuenta que existe un gran número de trabajadores con sueldos muy por debajo del que percibe el presidente de la República y que, por logros sindicales o derechos previamente adquiridos, cuentan con ciertos beneficios que forman parte de su seguridad social”.

Manifestó que incluso el Congreso recibió documentos donde se señala la inconsistencia legislativa y piden corregirla porque conlleva una grave afectación a la seguridad social de los trabajadores, como es el caso de los que se encuentran afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado, que han demostrado que el seguro de vida al que tienen derecho se pactó en las Condiciones Generales de Trabajo y desde 1999 en el Contrato Colectivo, el cual desde entonces se ha ratificado anualmente y en forma bilateral.

Por las anteriores razones, se acordó adicionar dicho ordenamiento para especificar que en la contratación de estos servicios se exceptuará aquellos casos donde estén previamente establecidos como derechos adquiridos en Contratos Colectivos de Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo que por mandato de la ley regulan la relación jurídico laboral y se otorgan a los servidores públicos que no ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio, superior o sus equivalentes a los de la administración pública estatal y municipal.